NI UNA MENOS: TAREA DE TODOS

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ni-una-menosEscribe: Vicente David Rojas Paico

Una primera apreciación que debemos tener en cuenta en el presente análisis, es que el machismo, el feminicidio y la inequidad de género (discriminación), son fenómenos culturales arraigados en nuestro país desde sus orígenes como Estado. No olvidemos que las mujeres recién en el año 1955 (gobierno de Manuel A. Odría) pasaron a ser consideradas como ciudadanas para efecto de las elecciones. Durante mucho tiempo hasta la reforma educativa del general Velasco Alvarado (1968-1975), la educación secundaria se impartía por separado a varones y mujeres, bajo el criterio tabú de que si estudiaban juntos se incrementaría el número de embarazos.
Nuestras abuelas, nuestras madres y nuestras hermanas nos criaron con criterios tales como: “el hombre de la puerta de su casa para afuera” y “la mujer de la puerta de su casa para adentro”. A muchas generaciones se les impuso la regla moral que “la mujer tenía que llegar pura al altar”. Estas ideas decimonónicas generaron en nuestra sociedad problemas sociales, políticos y culturales que se expresan a través de las tasas de machismo, de discriminación de la mujer (también de las minorías sexuales) y de feminicidio, hoy imperantes.
Nuestra inserción como sociedad democrática (la persona humana como fin supremo de la sociedad y el estado) a partir de la Constitución de 1979, determinó que no puede existir discriminación por ningún motivo (ni de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole); esta carta constitucional aprobó nuestra incorporación al sistema internacional de protección a los derechos humanos (Convención Americana de Derechos Humanos) ergo las vulneraciones a la dignidad de las personas pueden ser materia de protección jurisdiccional supranacional.
Es de conocimiento público, que el régimen constitucional fue vulnerado el 5 de abril de 1992 por el entonces presidente de la República (hoy sentenciado por delito de lesa humanidad); sin embargo la ciudadanía de ese entonces legitimó al dictador cuando aprobó mediante referéndum la actual Carta Política de 1993, que paradójicamente pasa a los anales de la historia como la más violada. Durante los años 1995 a 2000 desde el gobierno se desarrollaron políticas públicas para reducir la pobreza utilizando para ello la compulsión (en contra de su voluntad), esterilizando mujeres mayoritariamente en las poblaciones andinas para que no tengan más prole.
El artículo 44° de la actual constitución señala entre los principales deberes primordiales del Estado, el velar por la plena vigencia de los Derechos Humanos; en tal sentido las políticas públicas que se instauran desde el gobierno, deben contener propuestas para superar los problemas del machismo, de la discriminación por género y del feminicidio, ya que constituyen agravios a la dignidad humana.
Se conoce que durante el segundo gobierno de Alan García se publicó en el diario oficial, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la mujer 2009 – 2105; de similar manera durante el gobierno de Ollanta Humala, se publicó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016. Lo que no se conoce es ¿cuáles son los avances logrados en función a los planes publicados?
Se ha convocado para este sábado 13 de agosto a una marcha nacional en rechazo a la violencia y la discriminación contra las mujeres, siguiendo el ejemplo iniciado por Argentina (2015) y seguido por países como Uruguay, Chile y México. La Comisión Económica para América Latina – CEPAL, ha señalado que el Perú se encuentra en sétimo lugar, con más casos de feminicidio, después de Honduras, Argentina, Guatemala, República Dominicana, El Salvador y Ecuador.
En el Perú, donde 7 de cada 10 mujeres sufren acoso sexual, y donde la violación es una práctica frecuente, no terminamos de entender el por qué la actitud fascista del cardenal Cipriani, justificando a los acosadores y violadores porque “son provocados por el cuerpo de la mujer”. Tampoco entendemos porqué la fiscal Gutiérrez, ha prolongado en demasía el plazo para pronunciarse sobre la denuncia que por delito de lesa humanidad se interpuso contra quienes promovieron como política pública la esterilización de mujeres en contra de su voluntad.
Es de esperar que en Huacho, capital de la provincia de Huaura y sede del gobierno regional de Lima Provincias, haya una concurrencia masiva de ciudadanos que sensibilice la erradicación de la violación y acoso de las mujeres, la discriminación por género y el feminicidio. Probablemente veremos algunos caudillos regionales y locales que como fariseos se rasgarán las vestiduras invocando el lema ¡Ni una menos! A final de cuentas, es tarea de todos.
Huacho, 12 de Agosto de 2016

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